Para el año 2024, la Unidad de Restitución de Tierras aplicará una nueva estrategia para el ingreso a territorios en donde existan solicitudes de restitución de tierras, que incluye el barrido de zonas en las que la entidad ya cuenta con el aval de la Fuerza Pública para el desarrollo de labores catastrales, sociales y administrativas.
De esta manera, se busca atender 437 solicitudes de restitución de tierras recolectadas en diferentes municipios de Norte de Santander, basado en análisis previos que se generen entre la Dirección Territorial, la Policía y el Ejército Nacional, lo que permitirá ofrecer una atención más ágil a las personas que requieren servicios de restitución de tierras y de levantamiento de medidas cautelares en sus predios, lo que se conoce como el Registro Único de Predios y Territorios Abandonados (RUPTA).
Estas fueron algunas de las conclusiones que se conocieron en el último Comité Operativo Local de Restitución de Tierras (COLR) de 2023 desarrollado en Cúcuta, con presencia del director territorial (e) de la entidad, Rafael Figueroa Rincón, quien destacó que durante esta vigencia fue el trabajo articulado con la Fuerza Pública, lo que logró generar metas misionales en los territorios y cumplir mandatos judiciales, como la entrega de predios en zonas de difícil acceso por temas de seguridad.
En el encuentro se confirmó que para el próximo año el personal catastral de la Unidad será ampliado, así como el número de efectivos de Policía y Ejército Nacional que acompañan por monitoreo y en tierra a quienes desarrollan labores misionales de la entidad en donde ya se encuentran microfocalizadas las zonas, es decir, donde ya se cuenta con el aval de Fuerza Pública para desarrollar las actividades.
Posteriormente se continuará con la periferia rural donde existan solicitudes de restitución de tierras y, teniendo en cuenta las condiciones de seguridad, se seguirán habilitando zonas para la atención a más familias afectadas por la violencia que requieran iniciar procesos con la Unidad.
