octubre 2, 2022

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El derecho de los niños a ser oídos, para ser adoptados

Por: José Osvaldo Casique Ayala, Abogado y Licdo. en Educación, mención Cs. Sociales Magíster en Matrimonio y Familia, Especialista en Derecho Procesal Civil y Especialista en Derecho Procesal

Vemos también que nuestra legislación colombiana, la Ley 1098 del año 2006, Código de la Infancia y la Adolescencia, en su artículo 26 señala “Derecho al debido proceso. Los niños, las niñas y los adolescentes tienen derecho a que se les apliquen las garantías del debido proceso en todas las actuaciones administrativas y judiciales en que se encuentren involucrados. En toda actuación administrativa, judicial o de cualquier otra naturaleza en que estén involucrados, los niños, las niñas y los adolescentes, tendrán derecho a ser escuchados y sus opiniones deberán ser tenidas en cuenta. Ley que está en perfecta armonía con la norma de normas, Constitución Política de Colombia, referida en su artículo 29 al derecho al debido proceso, artículo aplicable a toda persona que esté en territorio nacional.

Me quiero detener acá, para invitarlos a reflexionar respecto a tales disposiciones legales, citadas en el parágrafo anterior. Ocurre que en este hermoso, rico y gran país llamado Colombia, ante determinadas situaciones, se incumplen normas fundamentales y especiales, afectando, como suele ser a los más vulnerables, en este caso a los niños, niñas y adolescentes; entendemos que la doctrina de protección integral de la infancia contiene en sus logros la progresividad de los derechos de estas personas, por lo que no puede haber conflicto entre la normativa antes mencionada y el derecho de estos a ser escuchados y que sus opiniones deberán ser tenidas en cuenta en procesos como la adopción. La señalada ley, en su artículo 63 señala “Procedencia de la Adopción. Sólo podrán adoptarse los menores de 18 años declarados en situación de adoptabilidad, o aquellos cuya adopción haya sido consentida previamente por sus padres….Entonces, pregunto, cómo es posible que el Estado colombiano, quien por excelencia, debe ser el garantista de los derechos consagrados en la Constitución Política y demás normas legales, y quien forma parte de la triada: Familia, Sociedad y Estado, se lleve por delante toda la legislación, lo cual se hace a través del ICBF e instancias judiciales especiales – Jueces de Familia – y no se permita que sean ellos, los niños y niñas– quienes deban ser oídos, cuando tengan una edad que les faculte para estar en capacidad de discernir – al elegir ellos y solo ellos – la condición sexual de sus padres, si son varón y hembra o si son personas del mismo sexo.

Por qué el Estado colombiano, les arrebata a los más pequeños – quienes no tienen aún la capacidad de discernir – la posibilidad de elegir, ante una institución tan importante como lo es la familia; sin prever las consecuencias de tales decisiones – cuestionables desde lo moral y ético, porque acá es evidente el poder del Estado para arrebatar los derechos fundamentales de las personas como es el derecho a ser oído, como integrante del debido proceso, citado en la mencionada norma constitucional.

Será acaso, que es un hecho social aceptado por la mayoría de la población, ver con normalidad a dos hombres, que nacieron con genero masculino o dos mujeres que nacieron con género femenino, adoptantes – que sean aceptados por el adoptado al discurrir el tiempo, crecer y madurar integralmente –como las personas que hubiese querido como padres, cuando en su entorno la realidad va a ser drásticamente diferente, pues la mayoría de niños y niñas de su edad tendrán por padres parejas de hombre y mujer. Pregunto: ¿no será esta, una carga emocional enorme para un niño que como elemento gregario que necesariamente se integrará a la sociedad real? No es a la sociedad ideal, a la cual algunos interesados parecieran tener solo esa visión – por ello, corresponde a los Jueces, a los equipos multidisciplinarios, Defensores de Familia, Psicólogos, Trabajadores Sociales, Sociólogos, Educadores, Abogados y por supuesto, a toda la sociedad, tener máxime cuidado al entregar un niño al o a los adoptantes.

En absoluto, se trata con el tratamiento de este tema de negar el derecho de adoptar a un niño o niña a una pareja del mismo sexo, se trata de cumplir las normas de derechos humanos, Convención de los Derechos del Niño, también en Colombia consagradas en el texto constitucional como Derechos Fundamentales, y en la señalada Ley 1098 del año 2006, Código de la Infancia y la Adolescencia.

Por qué no dar la oportunidad de ser adoptados a tantos niños de siete años en adelante – sugiero – quienes ya con la información y formación pertinente respecto a la sexualidad de sus posibles futuros padres – tomen la decisión por sí mismos – es sabido, que son numerosos los niños mayores de siete años y adolescentes que no son tomados en cuenta por los potenciales adoptantes del mismo sexo para el proceso de adopción, esa edad sería la ideal para manifestar su opinión en un tema que les afectará para siempre como es la conformación de su propia familia.

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