Después de un largo trabajo con el equipo del Instituto Departamental de Salud, el equipo de auditoría, con el acompañamiento del Gobierno Nacional, Ministerio de Salud y del Ministerio de Hacienda; se ha logrado que a través del proceso Ley de Punto Final, el Gobierno Nacional asigne más de 54 mil millones de pesos para ponerse al día con la deuda de los servicios de salud en población pobre no asegurada.