Con el propósito brindar asistencia humanitaria a la población víctima de desplazamiento forzado interno y otra proveniente de Venezuela, las secretarías de Gobierno, de Fronteras y Cooperación Internacional, adelantan acciones para la protección y estabilización de este grupo de personas, en el marco de la protección de los derechos humanos.
Una vez conocida la situación de desplazamiento, que se acentuó entre junio y julio de este año, se activaron los procesos para llegar a la población, identificarla y entregarles de ayudas humanitarias de emergencia, así como el acceso a servicios médicos. Esta actividad fue acompañada por entidades de cooperación internacional, a través de su Equipo Local de Coordinación (ELC) y el Grupo Interagencial de Flujos Migratorios Mixtos (GIFMM).
El secretario de Fronteras y Cooperación Internacional, Víctor Bautista, confirmó que en julio fue recibido un “reporte de la Alcaldía de Cúcuta sobre la llegada de personas desplazadas de Norte de Santander y de algunos sectores de Venezuela, por lo que acudimos el pasado 24 de julio con una jornada de atención humanitaria para poder diagnosticar mejor la situación; registramos que más de mil personas han sido desplazadas desde ocho veredas, incluidas algunas zonas del Zulia en Venezuela”.
Según censos realizados por las alcaldías de Cúcuta y Tibú, se identificaron 1.019 personas; de los cuales, 325 son de nacionalidad venezolana, 82 pertenecientes a la comunidad Wayúu, 45 adultos mayores y 342 niños, niñas y adolescentes.
Como lo señaló el secretario de Fronteras, se procedió “a la atención humanitaria y dar el reporte a las autoridades competentes incluyendo el Ministerio del Interior y la Cancillería, también solicitamos un apoyo para establecer condiciones de seguridad, condiciones de atención humanitaria y una verificación de las autoridades, para atender una situación que preocupa en momentos en que la pandemia del COVID-19”, indicó Bautista.
Durante la jornada se estableció que la población fue obligada a desplazarse desde ocho veredas fronterizas, incluyendo una ubicada en el estado Zulia en Venezuela. Esta situación fue analizada en el marco de un Puesto de Mando Unificado de frontera, donde se puso en conocimiento de las entidades participantes.
En consecuencia, Bautista, a través de un oficio fechado del 30 de julio de 2020, puso en conocimiento de esta situación a los Ministerios del Interior y la Cancillería, dado el componente étnico y de relaciones exteriores, teniendo en cuenta que hubo desplazamiento desde Venezuela, con nacionalidades de dicho país.
La Gobernación está comprometida con la protección de los derechos humanos de esta población, por tal motivo monitorea constantemente su atención y ha gestionado, a través de la secretaría de Fronteras y Cooperación Internacional, la ayuda humanitaria a través del Equipo Local de Coordinación (ELC) y el Grupo Interagencial de Flujos Migratorios Mixtos (GIFMM), quienes han realizados visitas en terreno los días el 24 y el 25 de julio:
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