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"El Gobierno debe garantizar los derechos de colombianos y venezolanos que llegan al país”: Defensor del Pueblo

"El Gobierno debe garantizar los derechos de colombianos y venezolanos que llegan al país”: Defensor del Pueblo

Al conocer de primera mano la situación en Norte de Santander, en donde funcionarios de la Entidad realizaron visitas defensoriales por pasos fronterizos, el Defensor del Pueblo, Carlos Alfonso Negret Mosquera, pidió al Gobierno nacional que se garanticen unos mínimos de protección para las personas que llegan de Venezuela a Colombia.

“Consideramos que el Gobierno colombiano debe garantizar unos mínimos de protección en el país, en cumplimiento de los compromisos internos e internacionales en materia de derechos humanos y también en reciprocidad por la solidaridad ofrecida por muchos países a los migrantes colombianos y las víctimas que salieron del país a causa del conflicto armado”, afirmó Negret Mosquera desde el puente Simón Bolívar, en Cúcuta.

Los colombianos que retornan tienen dificultades para la identificación de sus hijos nacidos en Venezuela, debido a la exigencia legal de documentos que en el contexto actual no se pueden obtener (en particular el registro de nacimiento y el apostillado en el exterior). La identificación es en la mayoría de los casos imposible porque el sistema de apostilla en Venezuela no está operando adecuadamente y los costos del trámite de documento no son accesibles.

Para el defensor Negret Mosquera, “esta circunstancia limita el disfrute de sus derechos como nacionales colombianos. Y es particularmente grave en el acceso de los niños a la educación y la salud, que en el mejor de los casos acceden al servicio de urgencias. De la misma forma, las víctimas del conflicto que retornan al país requieren acceso prioritario a las medidas de atención y reparación integral debido a que están en una situación de vulnerabilidad manifiesta”.

En cuanto a las familias mixtas (compuestas por colombianos y venezolanos), se dificulta el acceso de los miembros extranjeros de estas familias a un estatus regular en Colombia, debido a los altos costos del visado, lo que les impide trabajar de forma regular en nuestro territorio y los expone a la explotación laboral y a riesgos para mantener la unidad familiar.

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